EMMANUEL RODRÍGUEZ | ctxt. Descombrar, barrer, fregar… Y así hasta cubrir los 3.000 metros cuadrados que tiene el edificio de Gobernador 39, situado enfrente del Jardín Botánico de Madrid, a escasos 200 metros de la estación de Atocha. El edificio fue okupado el pasado 6 de mayo, tras una manifestación convocada con un lema rotundo: “Madrid no se vende”.
Desde entonces, el edificio, largo tiempo abandonado, ha sido poblado por toda clase de tribus, jóvenes, mayores, curiosos, activistas y no tanto, que van de acá para allá atareados, afanosos en limpiar y hacer lo más presentable posible un espacio... gigantesco. Desde entonces, también, multitud de asociaciones y colectivos han ido pidiendo entrada al espacio: reunirse, hacer talleres, discusiones sobre la situación internacional, sobre soberanía alimentaria, organizar iniciativas para afrontar el problema de los alquileres en una ciudad en la que crecen a ritmo de dos dígitos. Incluso, muchos de los representantes de la nueva política, en una actitud valiente, y sobre todo inteligente (es el caso de Pablo Iglesias y de Alberto Garzón) han dado la bienvenida al nuevo espacio.
Un centro social es una institución anómala. Funciona de acuerdo con lógicas a las que no estamos acostumbrados. La vida de un centro social viene regulada por los propios participantes en el mismo, sin mediación de la administración y tampoco de empresas comerciales. La responsabilidad es colectiva, la actividad es colectiva, la administración es colectiva. Por eso también muchos centros sociales son realidades extremadamente vivas. Lo pueden asegurar quienes conocieron las distintas sedes del Patio Maravillas, o previamente de los llamados Laboratorios. Espacios en los que todas las semanas pasaban literalmente miles de personas para organizarse en actividades de lo más variopintas: desde sesiones de rap hasta bailes de salón, desde asambleas políticas hasta veladas flamencas. Su éxito radicaba en que no hacía falta más que interés e iniciativa para usar estos espacios.
LA VIDA DE UN CENTRO SOCIAL VIENE REGULADA POR LOS PROPIOS PARTICIPANTES EN EL MISMO, SIN MEDIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y TAMPOCO DE EMPRESAS COMERCIALES
Los centros sociales pueden parecer una anomalía, pero solo desde una perspectiva convencional seguramente demasiado atada a lo que se comunica desde el “país oficial”. Sólo en la región de Madrid existen unos 60 espacios de este tipo. Los hay grandes, hasta el punto de galvanizar buena parte de la vida civil y política de algunos barrios, y los hay pequeñísimos, de apenas unas decenas de metros que se dedican a una sola actividad. Los hay alquilados y los hay ocupados. Los hay metropolitanos, como La Ingobernable, empeñada en dar hogar a muchas de las actividades hoy dispersas por la ciudad. Y los hay rurales, enclavados en algunos pueblitos de la sierra y dirigidos a promocionar cooperativas agroecológicas y de consumo local. En España hay más de 600 centros sociales.
Nos equivocaríamos, sin embargo, si atribuyéramos esta realidad a una particular condición ibérica. Se pueden encontrar centros sociales en casi todas las grandes ciudades europeas. En Roma o en Berlín son casi la única opción de ocio para aquellos jóvenes que no quieran pasar por la experiencia embrutecedora de las macrodiscotecas. En esta última ciudad, cualquiera que vaya a hacer turismo puede acabar en una fiesta bajo el ritmo de algún repetitivo sonido industrial, y se puede llevar la sorpresa de que el espacio en el que se divirtió durante toda la noche no era otro que una antigua okupa. En muchas ciudades alemanas e italianas los centros sociales son realidades tan corrientes que las instituciones los han acabado por reconocer, los han dejado de molestar.
Pocas ciudades han sido tan inteligentes, en este sentido, como la ciudad de Nápoles. Allí, la alcaldía, a instancias de la mayor parte de los movimientos sociales de la ciudad, ha establecido un estatuto particular para los centros sociales. Los espacios napolitanos han sido declarados comunes urbanos. Esto quiere decir, sencillamente, que el ayuntamiento los considera entidades legítimas; y a su vez entidades que no son de su competencia.
Un común, un bien comunal, es un recurso que no es de propiedad pública (del Estado), pero tampoco privada. Un común pertenece a una comunidad que lo gestiona en común.
Un centro social es así un comunal urbano, un espacio sobre el que una parte de la ciudadanía decide tomar posesión, gestionarlo directamente y generar una riqueza que ni el mercado ni ninguna burocracia serían capaces jamás de producir. Curiosamente, esa riqueza, en forma de iniciativas, discusiones, creatividad social y cultural, es lo que constituye la base de la democracia, al menos cuando entendemos que ésta es algo más que partidos, voto y representación. Si la democracia es sobre todo activación ciudadana y participación sin mediaciones, los centros sociales son un recurso democrático inestimable.
UN CENTRO SOCIAL ES UN COMUNAL URBANO, UN ESPACIO SOBRE EL QUE UNA PARTE DE LA CIUDADANÍA DECIDE TOMAR POSESIÓN, GESTIONARLO DIRECTAMENTE Y GENERAR UNA RIQUEZA
Gobernador 39 es un caso ejemplar de mala gestión de bienes públicos y, por ende, de las ventajas potenciales de una gestión común. El edificio, propiedad del ayuntamiento, fue sede de la UNED, y luego centro sanitario, hasta que sus usuarios fueron desplazados a Vallecas. Poco antes de dejar la alcaldía, Ana Botella cedió el edificio al arquitecto Emilio Ambasz. El contrato se realizó con dudosa legalidad y por un periodo de hasta 75 años. La estrella internacional recibió la concesión a través de su propia fundación, cuyo secretario entre 2008 y 2010 fue el particular Miguel Ángel Cortés, a la postre ex secretario de Estado de Cultura, y amigo íntimo de la familia Aznar. Para más señas, este conseguidor profesional acaba de ser señalado por el fiasco de 28 millones en relación con el fallido museo Art Natura de Málaga.
Enfrentado a un PP que reacciona a la desesperada y al que los escándalos de corrupción le salen a diario, al Ayuntamiento de Madrid regido por Manuela Carmena le entran dudas acerca de qué hacer con Gobernador 39. Una vez más se ve al borde de una nueva guerra cultural contra los aparatos mediáticos del PP, y recuerda los tristes casos de los titiriteros, los tuits de Zapata o los trajes de los Reyes Magos. Quizás se le podría aconsejar que en este caso deje hacer, que deje que La Ingobernable genere sus propias simpatías y legitimidad. Y que entienda que sin centros sociales, como el Patio Maravillas en el que se cocinó, en no poca medida, la candidatura de Ahora Madrid, no hay cambio.
Sea como sea, si todavía quiere disputarle al PP los argumentos en su propio terreno sólo tiene que investigar el oscuro asunto de la cesión a Emilio Ambasz. También puede repetir un argumento liberal en relación con la propiedad. Los liberales cuando eran liberales, y no simples usurpadores de bienes públicos, hacían residir el valor último de la propiedad en su función social: la propiedad privada sólo se justifica en razón de su capacidad para generar riqueza. Por esto motivo, y en toda Europa, las revoluciones liberales lanzaron ambiciosos procesos de desamortización de lo que llamaban bienes en “manos muertas”; las tierras de la Iglesia y de los pueblos cuyo rendimiento se consideraba muy por debajo de lo que, al menos en teoría, unos propietarios eficientes e implicados podrían lograr. El argumento de los liberales era un argumento de progreso, no un argumento legal. Y con ese argumento se saltaron una legalidad con varios siglos de historia.
Sobre los resultados de la desamortización en España, que muchas veces produjo lo contrario de lo que se pretendía, no cabe entrar ahora. Sin embargo, el argumento en favor de La Ingobernable es parecido. Mantener la cesión fraudulenta a Emilio Ambasz o, en otra dirección, proseguir la dejación de la administración en relación con este edificio, supone dejarlo en “manos muertas”. La propiedad común de Gobernadora 39, el centro social La Ingobernable, proporciona sin embargo un bien del que una ciudad como Madrid, asaltada por continuos escándalos de corrupción, no puede prescindir. Ese bien se llama democracia.
En media Europa lo han entendido, esperemos que aquí también.
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